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Referéndum sobre la futura política energética nacional


Evo Morales
Evo Moralesr

Mesa se comprometió a convocar un referéndum sobre la futura política energética nacional. En esta consulta vinculante, celebrada el 18 de julio de 2004, los ciudadanos contestaron a cinco cuestiones: abrogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada; recuperación de la propiedad pública de todos los hidrocarburos en boca de pozo; refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; utilización estratégica del gas para lograr una salida soberana al océano Pacífico; exportación de gas (siempre que quedara garantizado el consumo interno, fomentara la industrialización, y los recursos generados se destinaran al desarrollo social). Los resultados otorgaron de forma mayoritaria el “sí” a todas ellas, lo que respaldaba la política del nuevo gobierno. Sin embargo, en octubre de ese año, mineros y campesinos se concentraron en La Paz y su presión fue determinante para que la Cámara de Diputados diera su visto bueno al borrador de una nueva Ley de Hidrocarburos cuyo contenido no aprobaba el gobierno sino que, por el contrario, satisfacía las demandas de Evo Morales y del MAS, así como de la Central Obrera Boliviana. En las elecciones municipales de diciembre de 2004, los movimientos ciudadanos y las agrupaciones indígenas, así como el MAS, lograron magníficos resultados, en detrimento de los grandes partidos tradicionales, cuya credibilidad daba manifiestas muestras de deterioro.

En enero de 2005, se produjeron importantes manifestaciones contra un decreto gubernamental que implicaba el incremento del precio de los combustibles. Las protestas alcanzaron especial gravedad en Santa Cruz, donde el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rubén Costas y del que formaban parte empresarios, sectores sindicales y alcaldes, se constituyó en cabildo y anunció la inmediata elección de una Asamblea que propiciara el autogobierno departamental. Costas proclamó la autonomía y anunció que el Comité convocaría elecciones para nuevo prefecto y un referéndum que materializara la configuración de Santa Cruz como estado autonómico.

El 7 de marzo siguiente, ante la grave y ramificada crisis que vivía el país, Mesa ofreció su dimisión al Congreso. La cámara no aceptó su renuncia y además, con los votos en contra del MAS, aprobó el proyecto presidencial para alcanzar un gran pacto social entre las principales fuerzas políticas y poner fin a la inestabilidad reinante.

Entre los puntos del acuerdo se encontraban la negociación de la Ley de Hidrocarburos, así como la celebración de comicios para prefectos departamentales y para elegir una Asamblea Constituyente, y de un referéndum sobre la posible implantación de un Estado autonómico. Durante ese mismo mes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos, que establecía que las empresas petroleras extranjeras deberían pagar un 18% de regalías y un 32% de impuestos directos, solución a medio camino entre la reclamación de Morales (50% de regalías) y la propuesta de Mesa (que, considerando fundamental la inversión extranjera, era partidario de respetar los contratos ya firmados con firmas privadas del exterior).

La Ley de Hidrocarburos


La Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo de 2005, siguió pareciendo insuficiente a las organizaciones de indígenas, campesinos y mineros, en tanto que los empresarios y los inversores extranjeros la consideraban excesivamente gravosa. Las manifestaciones y bloqueos reaparecieron con fuerza a finales de ese mes. Las reivindicaciones populares, guiadas principalmente por el MAS, la Central Obrera Boliviana (COB, liderada por Jaime Solares), las juntas vecinales de El Alto (con Abel Mamani al frente) y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe, se centraban en luchar contra la Ley de Hidrocarburos (Morales pedía su endurecimiento, mientras que la COB y los representantes de El Alto reclamaban la nacionalización del sector) y en frenar los procesos autonomistas unilaterales de Santa Cruz y Tarija. En los primeros días de junio, Mesa convocó para el 16 de octubre elecciones para una Asamblea Constituyente y un referéndum autonómico; pero las antagónicas posturas de las organizaciones populares del Altiplano y de los departamentos orientales se radicalizaron, y Mesa dimitió, siendo sustituido el día 9 de ese mes por Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema. Para entonces, la situación era tan crítica que el Congreso se había tenido que trasladar a Sucre.

Finalmente, el nuevo presidente convocó para el siguiente 18 de diciembre elecciones presidenciales, legislativas y regionales (por primera vez, los ciudadanos de los departamentos elegirían de forma directa a sus prefectos). En las primeras, la victoria fue para Evo Morales, candidato del MAS, que logró el 53,7% de los votos (su principal oponente, el ex presidente Quiroga, por Poder Democrático y Social, Podemos, recabó el 28,6%). En las legislativas, el MAS obtuvo 72 escaños en la Cámara de Diputados (Podemos consiguió 43; Unidad Nacional, 8; y el MNR, 7). Sin embargo, en la cámara alta, Podemos (cuyos candidatos también se hicieron con la mayor parte de los gobiernos departamentales) consiguió 13 senadores (MAS 12, y Unidad Nacional y el MNR, uno cada uno). Ya como presidente electo, y antes de su investidura, que se produjo el 22 de enero de 2006, Morales visitó diversos países, manteniendo entrevistas, entre otros, con Fidel Castro y Hugo Chávez, y sellando con Cuba y Venezuela sendos acuerdos de cooperación mutua. Durante la campaña electoral, Morales, acompañado en su candidatura por el sociólogo Álvaro García Linera, quien habría de ser su vicepresidente, había efectuado una serie de promesas básicas entre las que se contaban la “refundación” del Estado boliviano (a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2006); la liquidación de las políticas neoliberales; el antiimperialismo; la nacionalización de recursos naturales, como los yacimientos de gas y petróleo, incidiendo en que ello no supondría la confiscación o expropiación de bienes de empresas extranjeras, sino la recuperación por parte del Estado del control de la producción y comercialización; y la despenalización del cultivo de la hoja de coca, hecho que insistió en que no debería ser interpretado como laxitud en la lucha para erradicar el narcotráfico de cocaína. "Bolivia" © Escrito por Emmanuel BUCHOT y Encarta

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